El Rey, Jefe del Estado

Tras la celebración de las elecciones legislativas del pasado 20 de diciembre y con la constitución de las nuevas Cortes Generales, ha de aplicarse el artículo 99.1 CE, que prescribe: “El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”.

Lo primero que hay que destacar es que, en sintonía con la definición del artículo 1.3 de la Constitución, que define: “La forma del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, las entrevistas que ha de mantener Su Majestad no han de ser con los presidentes o secretarios generales de los partidos políticos, sino con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios designados por sus integrantes en el Congreso, porque una vez elegidos los diputados y senadores, que “no estarán ligados por mandato imperativo” (art. 67.2 CE), cobran protagonismo con independencia de sus electores y de los partidos en que militan, ya que ha de destacarse que esto también es coherente con el carácter de democracia representativa de nuestro sistema político, que ahora parece cuestionarse por los que piden continuamente consultas populares o referendos, incluso parciales y al margen de las leyes que lo regulan. Y así ha de ser, como sucede en las democracias más antiguas y consolidadas del mundo, en las que la circunstancia de que algunos parlamentarios, votando con absoluta libertad de criterio, lo hagan al margen de lo que diga su respectivo partido no acarrea inconveniente alguno, como cuando -por ejemplo- los congresistas norteamericanos lo hacen habitualmente porque saben que cada uno de ellos representa a todos los ciudadanos y no solo a los que les votaron, y mucho menos al partido que los patrocinó. El día que en España se asuman en plenitud esos principios y se actúe conforme a ellos en nuestro Parlamento, se habrá dado un gran paso hacia la verdadera modernización de nuestra democracia.

La segunda observación que sugiere el examen del artículo 99.1 CE es que, en estas consultas que el Rey ha de evacuar, actúa en plenitud como Jefe del Estado, ejerciendo, conforme al artículo 56.1 CE, sus funciones referidas a arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”. En estas entrevistas que el Rey convocará, y de cuyo contenido ha de guardarse un elemental secreto, el Jefe del Estado ha de escuchar a sus interlocutores, pero también, desde su neutralidad partidista y con la discreción, mesura, prudencia y tacto que son ya virtudes acreditadas por nuestro joven Monarca, hablará sobre los asuntos de política de Estado, en los que su opinión ha de ser también escuchada y tenida muy en cuenta, porque según el artçiculo 56.1 “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, y entre las funciones que le corresponden está “ser informado de los asuntos de Estado” [art. 62 g)].

Naturalmente, el Jefe del Estado, que es un Rey constitucional, no es el que toma la decisión, solo escucha, arbitra y modera las instituciones, como ya se ha dicho; la responsabilidad está en los diputados del recién elegido Congreso de las Cortes Generales, que están obligados por el juramento o promesa a servir a la Constitución por encima de los intereses particulares y de partido, por legítimos que sean y que deben subordinarse al interés general, precisamente para no perder esa legitimidad.

De lo que no cabe duda es que esas audiencias regias para evacuar las consultas previas a la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno en esta ocasión serán menos protocolarias y más efectivas que lo fueron las celebradas anteriormente por S. M. Don Juan Carlos I en otras pasadas elecciones generales, cuando estaba claro quién tenía posibilidades serias de ser investido; por el contrario, ahora la composición del Congreso de los Diputados hace poco predecible el resultado de las votaciones parlamentarias, y además se da otra circunstancia más grave, y es que nunca como en este momento han estado los intereses generales tan comprometidos y dependiendo de la estabilidad y firmeza del futuro Gobierno. Lo que está amenazado son valores importantísimos para la continuidad de España como lo que es, es decir, la más antigua nación de Europa; y estos valores son la unidad y soberanía nacionales, la vigencia de la Constitución en todo el territorio nacional, la igualdad de los españoles y la permanencia del Estado de Derecho. Ante riesgo tan vital, se convierten en secundarios los demás problemas y ha de atenderse a lo principal sin demora y sin ocultar la realidad ni devaluarla con un optimismo que podría ser suicida.

En efecto, no puede disimularse que, aunque anunciada sin rebozo la pretensión de separar Cataluña del resto de España, que con declaraciones y sucesivos pasos se ha venido realizando en los últimos dos años, asombrosamente liderado todo por los mismos titulares de las instituciones de la comunidad autónoma, obligados al cumplimiento de la Constitución, a la obediencia a los tribunales y al sometimiento al Derecho, es lo cierto que en los últimos tiempos se está produciendo una aceleración, como han puesto de manifiesto el discurso y las declaraciones públicas del recientemente investido presidente de la Generalitat de Catalunya, desafiando abiertamente al Tribunal Constitucional y al resto de las instituciones del Estado, de las que es representante ordinario, según el artículo 152.1 de la Constitución que se pretende destruir, mediante un proceso, titulado “democrático”, pero que es en realidad totalitario, excluyente y, sobre todo, antijurídico.

España necesita ahora, como siempre, pero más que nunca, un Gobierno coherente con su función y decidido a cumplir y hacer cumplir la Constitución de todos, que es garantía de nuestros derechos y libertades y cuya voladura es el primero que tiene que estar dispuesto a impedir por todos los medios jurídicos proporcionados y eficaces que, con prudencia, pero con firmeza, hayan de aplicarse. Es la hora de la responsabilidad y del patriotismo.

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