Es necesario, urgente e imprescindible que las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y hasta la OTAN, que alberguen en su seno al Estado turco, actúen en defensa de los derechos humanos que en aquella nación están claramente en peligro.

EL intento de golpe de Estado, o sublevación militar, ya que como en otras muchas ocasiones nada está claro, ha producido unas reacciones en Turquía, dirigidas por el presidente de la República, que hasta ha invocado a Dios para considerar beneficiosa la intentona militar para depurar el Ejército, que van mucho más lejos de lo que cabía esperar para castigar a unos soldados rebeldes y está alcanzando caracteres muy preocupantes.

Las masivas detenciones, no solo de uniformados, sino también de civiles, las visibles muestras de haber sufrido torturas, en las imágenes de la televisión, el disparatado anuncio del posible restablecimiento de la pena de muerte (precisamente abolida en 2004 para abrir la posibilidad de negociar el ingreso de Turquía en la Unión Europea) y las propias declaraciones de Erdogan, que por su virulencia y agresividad resultan imposibles de comprender en un hombre de Estado, revelan una deriva que desde un régimen autoritario empieza a dirigirse a un totalitarismo teocrático.

Todo lo descrito sería ya suficiente para despertar la alarma en la comunidad internacional, porque el alejamiento de principios democráticos de un país como Turquia, geoestratégicamente situado en una de las zonas de conflicto y miembro de la OTAN, anuncia una crisis que ya empieza a manifestarse en las diferencias diplomáticas y jurídicas con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y, lo que quizá sea peor, en el anuncio de posibles afinidades con otro gigante teocrático, Irán.

Sin embargo, hay otra circunstancia significativa en las actuaciones que se están produciendo desde el Gobierno de Ankara, y son los millares de destituciones y encarcelamientos de los jueces y fiscales turcos, con el pretexto de su participación o simpatía con lo sucedido en el estamento militar. Y es, desde un punto de vista de defensa de la democracia, la señal que puede ser más grave, que se trate de acabar desde la raíz con la independencia judicial, porque esa es la primera medida que adopta una tiranía, ya que la formación de los jueces y fiscales, su sentido de la justicia, su compromiso con el Derecho, aun en aquellos estados en que no gozan de un estatus que garantice plenamente su independencia, constituye un peligro cierto de control de la arbitrariedad del poder político; por eso precisamente los gobernantes que van por el camino de la supresión del Estado de Derecho comienzan por acabar con todo rastro de independencia judicial, bien sea eliminando, destituyendo o encarcelando a unos jueces y fiscales, bien sea sustituyéndolos por funcionarios afines o amedrentados.

El peligro es tan evidente, las señales tan graves, que en esta ocasión se ha producido de manera inmediata y contundente la reacción de la Asociación Europea de Jueces, Grupo Regional Europeo en el seno de la Asociación Internacional de Jueces, Unión Internacional de Magistrados en su designación en español, que agrupa a las asociaciones judiciales de 88 países de los cinco continentes y en la que está integrada desde hace casi treinta años la Asociación Profesional de la Magistratura de España; y dada la importancia del asunto, también ha reaccionado con otro comunicado paralelo la organización mundial, cuya secretaría general está en Roma, y cuya presidencia ostenta en la actualidad una ilustre juez uruguaya. Al mismo tiempo, y con ejemplar rapidez y unanimidad, las cuatro asociaciones judiciales españolas (APM, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial) han reaccionado con un comunicado conjunto frente a los abusos y transgresiones que está cometiendo el Gobierno turco.

Y es que la independencia judicial, es decir, la posibilidad de que los jueces y fiscales actúen sin trabas en la aplicación de las leyes y del derecho, constituye la más firme garantía de los derechos humanos. En efecto, si repasamos la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948 veremos cómo los derechos y garantías en la aplicación de las facultades punitivas de los estados tienen una relación inmediata con una actuación independiente de los que aplican el Derecho y ejercen la Justicia.

Así, en el artículo 5 se proclama: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes»; en el artículo 8 se consagra que «toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley»; el artículo 9 declara: «Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado»; en el artículo 10: «Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal»; y finalmente el artículo 11 establece lo siguiente: «Uno. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Dos. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito».

Por mucho que sean conocidos hay que repetir y difundir estos derechos que, como resulta evidente, solo pueden ser protegidos y amparados por jueces y tribunales independientes, inamovibles y sometidos solo a la Ley, y por fiscales autónomos, como dice nuestra Constitución. Pues bien, resulta patente que eso empieza a no ser posible en Turquía.

Es necesario, urgente e imprescindible que las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y hasta la OTAN, que alberguen en su seno al Estado turco, actúen en defensa de los derechos humanos que en aquella nación están claramente en peligro, como están ya denunciando también las ONG, como Amnistía Internacional, porque solo la presión internacional, pacífica, pero firme y constante, puede conseguir que se respeten aquellos derechos, sin cuya protección la democracia no puede existir.

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